Últimos términos añadidos al Diccionario Jurídico
A continuación, te mostramos los ocho últimos términos que hemos añadido a nuestro diccionario jurídico recientemente, independientemente de su criterio de clasificación (alfabético, por especialidad del Derecho, por sector económico y social, por sector tecnológico o por país).
El Reglamento MiCA introduce la categoría de los CASP significativos. Regulados en el artículo 86, estos actores se determinan por criterios de tamaño y actividad, independientemente del tipo de servicio ofrecido. Si un CASP cuenta con al menos 15 millones de usuarios activos en la Unión Europea, deberá notificarlo a su autoridad nacional, que a su vez informará a la AEVM para su supervisión conjunta. Esta vigilancia reforzada responde a los posibles riesgos sistémicos que estos proveedores pueden representar. Además, el artículo 140 prevé una evaluación periódica: en 2025 y 2027, la Comisión presentará informes que podrían incluir propuestas legislativas, revisando tanto el número de CASP significativos como la idoneidad de los umbrales actuales. Aunque aún no hay lista oficial, empresas como Binance, Coinbase o Kraken probablemente serán clasificadas como tales.
El Reglamento MiCA impone una serie de obligaciones comunes a todos los CASP, que abarcan desde la conducta profesional hasta la transparencia económica, la gobernanza y la gestión de riesgos. Entre los deberes clave destacan actuar con diligencia y honestidad, informar sobre los riesgos de los criptoactivos, mantener reservas financieras mínimas, asegurar la separación de los fondos de clientes y establecer mecanismos sólidos de atención a reclamaciones. También se regulan aspectos como la gestión de conflictos de intereses, la externalización de funciones y la obligación de notificar cambios relevantes a las autoridades. Este enfoque busca armonizar la actividad de los CASP en toda la UE, garantizando un entorno más seguro, previsible y transparente para usuarios e inversores.
Los sistemas de IA de alto riesgo son tecnologías de IA reguladas con especial exigencia por su impacto potencial en derechos fundamentales, salud y seguridad. Descubre su definición, sectores clave y consecuencias jurídicas.
Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que ejecutan órdenes de criptoactivos por cuenta de clientes (compran, venden o suscriben criptoactivos en nombre de sus clientes). Su obligación principal es lograr el mejor resultado posible en la ejecución de órdenes para el cliente, considerando precio, costes, liquidación, entre otros factores. Se exige que los PSC implementen una política de ejecución de órdenes transparente y efectiva para asegurar una ejecución puntual, justa y rápida, evitando además el uso indebido de información sobre las órdenes.
Explicamos qué se entiende por sistema de IA de riesgo inaceptable o prohibida, los casos concretos, las excepciones previstas y sus implicaciones jurídicas en el marco de la Unión Europea.
Los operadores de inteligencia artificial son los sujetos jurídicos que intervienen en el ciclo de vida de un sistema de IA, desde su desarrollo hasta su despliegue. Incluyen figuras como el proveedor, el importador, el distribuidor, el responsable del uso o las personas afectadas, cada una con funciones y responsabilidades diferenciadas.
Las stablecoins son criptomonedas con valor estable, vinculadas a monedas, criptoactivos o activos físicos. Existen varios tipos: fiduciarias, cripto-colateralizadas, algorítmicas y respaldadas por bienes. Europa ha regulado las monedas estables en el Reglamento MiCA, provocando la retirada de stablecoins poco transparentes como las USDT. Sin embargo, EEUU ha optado por una regulación más laxa de las stablecoins. El futuro de este tipo de criptoactivo dependerá de una regulación global coherente.
Una plataforma de negociación de criptoactivos es un sistema que facilita el encuentro entre compradores y vendedores de criptoactivos, permitiendo la ejecución de contratos mediante el intercambio de criptoactivos por dinero o por otros criptoactivos. Según el Reglamento MiCA (UE 2023/1114), estas plataformas deben cumplir con requisitos específicos de autorización, transparencia y seguridad. Ejemplos como Binance y Kraken ilustran cómo funcionan estas plataformas en la práctica. Con la entrada en vigor del Reglamento MiCA, los actuales VASP (proveedor de servicios de activos virtuales) se convierten en CASP (proveedor de servicios de criptoactivos) debiendo adaptarse a un marco regulatorio más estricto y armonizado en toda la UE.
¿Qué es la inteligencia artificial (IA)? En este post se define qué es la IA desde la perspectiva de la regulación de la Unión Europea. Comparativa de las principales definiciones jurídicas en la normativa europea y documentos jurídicos claves.
Un proveedor de servicios de criptoactivos es una persona jurídica u otra empresa cuya actividad o negocio consiste en la prestación profesional de uno o varios servicios de criptoactivos definidos en el Reglamento MiCA a clientes y que está autorizada a prestar servicios de criptoactivos de conformidad con este mismo Reglamento.
Más información sobre nuestro Diccionario Jurídico
El diccionario jurídico de Lenguaje Jurídico se organiza en base a cinco criterios de selección:
- Por orden alfábetico.
- Por área o especialidad del Derecho.
- Por sector económico y social.
- Por sector tecnológico.
- Por país.
Gracias a la clasificación según el criterio de orden alfabético o por abecedario, el lector podrá encontrar el término jurídico que busca a partir de la primera letra que lo compone. Por ejemplo, si busca la definición del término jurídico “datos personales”, el lector tendrá que ir a la letra “D”.
El criterio área o rama del Derecho permite al lector conocer todos los términos definidos según la especialidad jurídica a la que pertenecen. En algunos casos se ha llegado a una subdivisión mayor, como por ejemplo sucede con la rama del Derecho “derecho mercantil” que se ha subdividido en derecho bancario, derecho concursal, derecho societario, derecho de la competencia, derecho de la competencia desleal, derecho de la contratación mercantil, derecho de la propiedad industrial, derecho de seguros, derecho de la propiedad intelectual, derecho del mercado de valores y derecho financiero. Incluso, se ha procedido a realizar una subdivisión adicional de la especialidad en los casos que lo ameritaban como ha sucedido, por ejemplo, con el derecho de la propiedad industrial -ubicado dentro del derecho mercantil- que se ha subdivido en derecho de marcas y derecho de patentes.
El diccionario jurídico de Lenguaje Jurídico ofrece también una clasificación de los términos jurídicos según el sector económico y social con el que se relacionan el cual puede ser más de uno en la práctica. Por ejemplo, el término “fundación” estará etiquetado necesariamente dentro de la categoría “Fundaciones y filantropía”, aunque podría estar también en otra como sería “Energía y recursos naturales”, etc.
Es posible encontrar también los términos jurídicos clasificados según el sector tecnológico al que correspondan o con el que se hallen relacionados. Por ejemplo, el término jurídico “identidad soberana” estará etiquetado dentro del sector TIC “Blockchain”.
Finalmente, los términos jurídicos del diccionario jurídico de Lenguaje Jurídico se pueden ubicar también según el Derecho de un país. El diccionario se centra exclusivamente en el Derecho de los países hispanohablantes, empezando por España.
Con esto queremos poner fácil a todos la identificación y el acceso a una definición clara y comprensiva de cualquier término jurídico. La estructura del contenido de las definiciones aportadas y la clasificación propuesta, teniendo como centro de nuestras atenciones al ciudadano, son innovadoras lo que hace que seamos diferentes a cualquier otro diccionario jurídico que existe hoy en día en la red.
¡Ya puedes disfrutar el diccionario jurídico de Lenguaje Jurídico donde encontrarás el significado de los términos jurídicos que busques!
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