El Derecho a tu alcance
España, también denominado Reino de España, es un país transcontinental, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria, como establece el artículo 1 de la Constitución Española.
España tiene como capital Madrid y está organizado en diecisiete comunidades autónomas, formadas a su vez por cincuenta provincias; y dos ciudades autónomas.
España se sitúa tanto al sur de Europa Occidental como en el norte de África. En Europa, ocupa la mayor parte de la península ibérica, conocida como España peninsular, y las islas Baleares (en el mar Mediterráneo occidental); en África se hallan las ciudades de Ceuta (en la península Tingitana) y Melilla (en el cabo de Tres Forcas), las islas Canarias (en el océano Atlántico nororiental), las islas Chafarinas (mar Mediterráneo), el peñón de Vélez de la Gomera (mar Mediterráneo), las islas Alhucemas (golfo de las islas Alhucemas) y la isla de Alborán (mar de Alborán).
España tiene una extensión de 505 370 km² por lo que es el cuarto país más extenso del continente europeo, tras Rusia, Ucrania y Francia.
El derecho español es un derecho de tipo continental, que se apoya principalmente en la ley en sentido amplio (leyes y reglamentos) y en menor medida en las decisiones judiciales y en la costumbre. Asimismo, se trata de un derecho complejo, en el que se engloban distintos ordenamientos jurídicos que coexisten a través de la organización territorial en comunidades autónomas.
por La Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups, es una norma pionera en España que pretende establecer medidas para el favorecimiento de la inversión, el crecimiento y el desarrollo emprendedor en España.
por El delito de daños informáticos está tipificado en el artículo 264 del CP, y su conducta típica es borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesible determinada información, consistente en datos, documentos o programas.
por Un modelo de utilidad es el derecho de exclusiva que existe sobre una invención en favor de su inventor, siempre que cumpla con tres requisitos: que sea nueva, suponga actividad inventiva, tenga aplicación industrial y consista en dar a un objeto una configuración, estructura o composición de la que resulte una ventaja práctica.
por El diseño industrial es un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia de un producto o de su ornamentación protegido como una modalidad de propiedad industrial. Se protegen los diseños industriales nuevos y con carácter singular, que produzcan en el usuario una impresión de conjunto diferente a los demás diseños.
por El Reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales se ha desarrollado de acuerdo con la habilitación conferida por la Ley de Blanqueo de Capitales, en su disposición final quinta. La aprobación de este Reglamento está orientada a desarrollar específicamente el enfoque al riesgo incorporado en la Ley de Blanqueo de Capitales, así como a detallar las medidas de diligencia debida de los sujetos obligados.
por El contrato de mantenimiento de software es aquel en el que una parte – la empresa tecnológica – se obliga frente a un cliente, a cambio de un precio pactado, a llevar a cabo un mantenimiento de un software determinado, que puede estar dirigido a fines de prevención, de reparación y/o de actualización.
por El contrato de desarrollo de software es aquel en el que un proveedor – la empresa tecnológica desarrolladora de un software – se obliga frente a un cliente, a cambio de un precio pactado, a diseñar y elaborar un programa de ordenador que se ajuste a las características funcionales y especificaciones técnicas que le pida el cliente, en un plazo determinado.
por A su disposición el texto completo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que regula el régimen jurídico de las patentes en España.
por A su disposición el texto del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que regula el régimen jurídico de los consumidores y usuarios en sus relaciones con los empresarios.
por El objeto de la Ley de Blanqueo de Capitales es la protección de la integridad del sistema financiero y de cualesquiera otros sectores de actividad económica que puedan verse afectados por el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Ley establece rigurosas obligaciones de diligencia debida a los sujetos obligados y obligaciones de comunicación y control interno.
