Compliance penal

El compliance en palabras sencillas es la actividad de prevención que se lleva a cabo dentro de una empresa y que tiene como finalidad asegurar de que la entidad y sus componentes desarrollan sus actividades de acuerdo con los dispuesto en la ley, políticas propias, normas sectoriales y, en definitiva, cualquier otra norma que les sea de obligado cumplimiento.

El compliance penal sería, por lo tanto, la parte del compliance que se dedica a asegurar el cumplimiento de las normas penales en el seno de la empresa.

La característica más importante del compliance es el hecho de que se trata de una herramienta preventiva y no reactiva, es decir, persigue como objetivo evitar que la empresa incurra en un delito evitando, en la medida de lo posible, reaccionar ante una infracción ya cometida.

Si bien para las empresas no es obligatorio tener una persona o una organización específica que se encargue del compliance en materia penal, hay que tener en cuenta que el Código Penal reconoce que el hecho de tenerlo puede actuar como eximente de responsabilidad, en determinadas circunstancias, en que la empresa hubiera incurrido en alguna infracción de tipo penal.

Por lo tanto, parece evidente que contemplar el compliance penal resulta conveniente para las empresas en dos escenarios:

• Para evitar la comisión de delitos.
• Cuando se ha cometido un delito, como forma de evitar la responsabilidad que de él se deriva.

En España, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal, las personas jurídicas pueden ser consideradas «sujeto activo» de delitos. Ello supuso un cambio respecto del régimen anterior en el que los delitos cometidos en el seno de la persona jurídica se tenían que atribuir necesariamente a una persona física. Con este cambio, el compliance penal ha pasado a ser un elemento fundamental en las organizaciones de las empresas.