Últimos términos añadidos al Diccionario Jurídico
A continuación, te mostramos los ocho últimos términos que hemos añadido a nuestro diccionario jurídico recientemente, independientemente de su criterio de clasificación (alfabético, por especialidad del Derecho, por sector económico y social, por sector tecnológico o por país).
Este artículo explica qué es el marcado CE en sistemas de IA de alto riesgo, su relación con la evaluación de conformidad, qué sistemas de IA lo requieren, el procedimiento para obtenerlo, las obligaciones posteriores, los supuestos que pueden llevar a su retirada y cómo se coordina con otras obligaciones del RIA, ofreciendo una visión completa para garantizar el cumplimiento legal y la confianza en el mercado europeo.
La evaluación de conformidad es un requisito esencial para comercializar sistemas de IA de alto riesgo conforme al RIA. Este post detalla su finalidad, contenido, procedimientos aplicables, actores implicados, consecuencias del incumplimiento y su articulación con el resto de obligaciones normativas establecidas por el RIA.
La evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales (FRIA) es una obligación clave del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) para determinados sistemas de alto riesgo. En este artículo se analiza qué es una FRIA, en qué se diferencia de la PIA (evaluación de impacto en materia de protección de datos), cuándo debe realizarse, qué contenido debe incluir, quiénes deben intervenir y qué consecuencias puede tener no cumplir con esta exigencia normativa. Una guía completa y actualizada para entender su papel dentro del marco regulador europeo de la IA.
El RIA impone requisitos técnicos y jurídicos esenciales a los sistemas de IA de alto riesgo. Este artículo explica uno por uno los elementos clave: gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, supervisión humana, precisión y ciberseguridad. Una guía clara para quienes diseñan o despliegan IA en contextos regulados.
La Ley PBC/FT impone obligaciones específicas a los empleados, directivos y agentes de las entidades obligadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ley exige controles internos eficaces, políticas escritas de admisión de clientes y procedimientos de diligencia debida. También se requiere autorización de la directiva para operar con personas con responsabilidad pública.
Para operar como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en la UE, es obligatorio cumplir con requisitos específicos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Reglamento MiCA exige sistemas de control interno eficaces, un órgano responsable del cumplimiento, un representante ante el SEPBLAC y un Manual de prevención. Estas obligaciones refuerzan la transparencia, la gestión de riesgos y la confianza de las autoridades en la actividad del CASP.
En cumplimiento de la Ley 10/2010, los sujetos obligados deben adoptar medidas internas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas incluyen políticas escritas, un manual actualizado, un órgano de control interno, un representante ante el SEPBLAC, formación continua, revisión externa anual, normas éticas de contratación y protección de informantes.
La normativa española en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), impone obligaciones de diligencia debida a entidades y profesionales designados como sujetos obligados. El Reglamento MiCA incluye los CASP como sujetos obligados. Estos deben aplicar medidas de diligencia debida —normales, simplificadas o reforzadas— según el nivel de riesgo de sus clientes. Estas medidas consisten en identificar a clientes y titulares reales, verificar la identidad, conocer el propósito de la relación comercial y realizar seguimiento continuo.
El RIA reconoce que algunos sistemas de inteligencia artificial no requieren control normativo por su impacto insignificante. Esta entrada analiza qué se considera IA de riesgo mínimo, por qué no están sujetos a obligaciones específicas y qué aspectos deben observarse para mantener su correcta clasificación jurídica.
El RIA regula los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado con un enfoque claro: transparencia en la interacción con el usuario. Este artículo analiza qué sistemas se incluyen en esta categoría, qué obligaciones impone la norma europea y cómo deben cumplirlas proveedores y desplegadores para evitar riesgos legales y generar confianza.
Más información sobre nuestro Diccionario Jurídico
El diccionario jurídico de Lenguaje Jurídico se organiza en base a cinco criterios de selección:
- Por orden alfábetico.
- Por área o especialidad del Derecho.
- Por sector económico y social.
- Por sector tecnológico.
- Por país.
Gracias a la clasificación según el criterio de orden alfabético o por abecedario, el lector podrá encontrar el término jurídico que busca a partir de la primera letra que lo compone. Por ejemplo, si busca la definición del término jurídico “datos personales”, el lector tendrá que ir a la letra “D”.
El criterio área o rama del Derecho permite al lector conocer todos los términos definidos según la especialidad jurídica a la que pertenecen. En algunos casos se ha llegado a una subdivisión mayor, como por ejemplo sucede con la rama del Derecho “derecho mercantil” que se ha subdividido en derecho bancario, derecho concursal, derecho societario, derecho de la competencia, derecho de la competencia desleal, derecho de la contratación mercantil, derecho de la propiedad industrial, derecho de seguros, derecho de la propiedad intelectual, derecho del mercado de valores y derecho financiero. Incluso, se ha procedido a realizar una subdivisión adicional de la especialidad en los casos que lo ameritaban como ha sucedido, por ejemplo, con el derecho de la propiedad industrial -ubicado dentro del derecho mercantil- que se ha subdivido en derecho de marcas y derecho de patentes.
El diccionario jurídico de Lenguaje Jurídico ofrece también una clasificación de los términos jurídicos según el sector económico y social con el que se relacionan el cual puede ser más de uno en la práctica. Por ejemplo, el término “fundación” estará etiquetado necesariamente dentro de la categoría “Fundaciones y filantropía”, aunque podría estar también en otra como sería “Energía y recursos naturales”, etc.
Es posible encontrar también los términos jurídicos clasificados según el sector tecnológico al que correspondan o con el que se hallen relacionados. Por ejemplo, el término jurídico “identidad soberana” estará etiquetado dentro del sector TIC “Blockchain”.
Finalmente, los términos jurídicos del diccionario jurídico de Lenguaje Jurídico se pueden ubicar también según el Derecho de un país. El diccionario se centra exclusivamente en el Derecho de los países hispanohablantes, empezando por España.
Con esto queremos poner fácil a todos la identificación y el acceso a una definición clara y comprensiva de cualquier término jurídico. La estructura del contenido de las definiciones aportadas y la clasificación propuesta, teniendo como centro de nuestras atenciones al ciudadano, son innovadoras lo que hace que seamos diferentes a cualquier otro diccionario jurídico que existe hoy en día en la red.
¡Ya puedes disfrutar el diccionario jurídico de Lenguaje Jurídico donde encontrarás el significado de los términos jurídicos que busques!