El Derecho a tu alcance
La relación entre derecho y lenguaje es intensa. El derecho necesita ser escrito y hablado a través del lenguaje sin el cual no podría existir y, en sentido recíproco, el derecho contribuye a la elaboración constante del lenguaje gracias al aporte de neologismos jurídicos y nuevas expresiones. Nace así el término lenguaje jurídico.
De la nomenclatura propia del derecho proceden varias palabras incorporadas al caudal de la lengua castellana viva (victimización, homicidio, filicidio, genocidio, fratricidio, infanticidio, parricidio, matricidio, suicidio, son algunas de ellas) que hoy figuran como palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).
La RAE define lenguaje como el “conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente” y el “estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular”. Por su parte, el profesor Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate, decía que “el derecho es el arte de trazar límites y el límite no existe cuando no es claro”. Esto nos conduce a afirmar que la precisión y la claridad constituyen requisitos esenciales para asegurar la propiedad y el rigor en el uso del lenguaje jurídico.
Los ciudadanos tenemos el derecho a comprender, por nosotros mismos, las comunicaciones verbales y documentos escritos (leyes, sentencias, resoluciones administrativas y contratos, esencialmente) que producen los profesionales del derecho (abogados, delegados de protección de datos, jueces y magistrados, fiscales, notarios, árbitros, mediadores, profesores de derecho, entre otros) y las emitidas por las instituciones del Estado (en España, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, las universidades, las instituciones penitenciarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los ayuntamientos, las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos).
Un mal uso del lenguaje por parte de tales profesionales e instituciones genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales, como ha advertido el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia de España (2011). El Estado de Derecho se ve fortalecido gracias a una mayor claridad del lenguaje jurídico.
La palabra es la médula del discurso de los profesionales del derecho: claridad, lógica, precisión y rigor técnico pueden ir perfectamente de la mano con la simplicidad y belleza, al momento de comunicar. En este portal encontrarás artículos relacionados con el lenguaje jurídico claro y el legal design, textos legales y jurisprudencia. Pero lo que principalmente te ofrecemos es el Diccionario Jurídico al alcance de todos redactado en lenguaje claro, especialmente diseñado para el ciudadano de a pie.
Si buscas abogados expertos en Derecho especializados en negocios digitales, tecnológicos y/o innovadores, podemos ayudarte.
por Este artículo explica qué es el marcado CE en sistemas de IA de alto riesgo, su relación con la evaluación de conformidad, qué sistemas de IA lo requieren, el procedimiento para obtenerlo, las obligaciones posteriores, los supuestos que pueden llevar a su retirada y cómo se coordina con otras obligaciones del RIA, ofreciendo una visión completa para garantizar el cumplimiento legal y la confianza en el mercado europeo.
por La evaluación de conformidad es un requisito esencial para comercializar sistemas de IA de alto riesgo conforme al RIA. Este post detalla su finalidad, contenido, procedimientos aplicables, actores implicados, consecuencias del incumplimiento y su articulación con el resto de obligaciones normativas establecidas por el RIA.
por La evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales (FRIA) es una obligación clave del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) para determinados sistemas de alto riesgo. En este artículo se analiza qué es una FRIA, en qué se diferencia de la PIA (evaluación de impacto en materia de protección de datos), cuándo debe realizarse, qué contenido debe incluir, quiénes deben intervenir y qué consecuencias puede tener no cumplir con esta exigencia normativa. Una guía completa y actualizada para entender su papel dentro del marco regulador europeo de la IA.
por El RIA impone requisitos técnicos y jurídicos esenciales a los sistemas de IA de alto riesgo. Este artículo explica uno por uno los elementos clave: gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, supervisión humana, precisión y ciberseguridad. Una guía clara para quienes diseñan o despliegan IA en contextos regulados.
por La Ley PBC/FT impone obligaciones específicas a los empleados, directivos y agentes de las entidades obligadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ley exige controles internos eficaces, políticas escritas de admisión de clientes y procedimientos de diligencia debida. También se requiere autorización de la directiva para operar con personas con responsabilidad pública.
por Para operar como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en la UE, es obligatorio cumplir con requisitos específicos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Reglamento MiCA exige sistemas de control interno eficaces, un órgano responsable del cumplimiento, un representante ante el SEPBLAC y un Manual de prevención. Estas obligaciones refuerzan la transparencia, la gestión de riesgos y la confianza de las autoridades en la actividad del CASP.
por En cumplimiento de la Ley 10/2010, los sujetos obligados deben adoptar medidas internas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas incluyen políticas escritas, un manual actualizado, un órgano de control interno, un representante ante el SEPBLAC, formación continua, revisión externa anual, normas éticas de contratación y protección de informantes.
por La normativa española en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), impone obligaciones de diligencia debida a entidades y profesionales designados como sujetos obligados. El Reglamento MiCA incluye los CASP como sujetos obligados. Estos deben aplicar medidas de diligencia debida —normales, simplificadas o reforzadas— según el nivel de riesgo de sus clientes. Estas medidas consisten en identificar a clientes y titulares reales, verificar la identidad, conocer el propósito de la relación comercial y realizar seguimiento continuo.
por El RIA reconoce que algunos sistemas de inteligencia artificial no requieren control normativo por su impacto insignificante. Esta entrada analiza qué se considera IA de riesgo mínimo, por qué no están sujetos a obligaciones específicas y qué aspectos deben observarse para mantener su correcta clasificación jurídica.
por El RIA regula los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado con un enfoque claro: transparencia en la interacción con el usuario. Este artículo analiza qué sistemas se incluyen en esta categoría, qué obligaciones impone la norma europea y cómo deben cumplirlas proveedores y desplegadores para evitar riesgos legales y generar confianza.
Las entradas de esta web están dirigidas especialmente a legos en Derecho. Particular importancia tienen los colectivos de empresarios, emprendedores, inversores y autónomos, así como los consumidores y usuarios y, en general, el ciudadano de a pie. El objetivo perseguido por Lenguaje Jurídico es facilitar la comprensión del Derecho y ponerlo al alcance de todos o, más específicamente, de quién lo necesite. Para ello combinamos la simplicidad y sencillez del lenguaje, con la didáctica expositiva, la rigurosidad del análisis y el uso adecuado de las fuentes del Derecho. Aunque particularmente las publicaciones de este portal se hagan desde la perspectiva del derecho español, también se podrá hacer a otros ordenamientos jurídicos en cuyo caso se efectuará la referencia y precisión correspondientes.
Lenguaje Jurídico es una web de juristas para no juristas. Con la finalidad de facilitar la comprensión del Derecho a empresarios, emprendedores, inversores, profesionales liberales, autónomos en general, trabajadores por cuenta ajena, policías, militares, consumidores y usuarios, jubilados, desempleados, y particulares en general, hemos creado esta web y en especial el "diccionario jurídico" que encontrarás dentro del portal. Las entradas de Lenguaje Jurídico se caracterizan por ser claras, prácticas y didácticas, a la vez que rigurosas y precisas desde un punto de vista técnico. Buscamos hacer fácil lo difícil y entretenido lo aburrido en Derecho.
¿Qué nos impulsó a crear Lenguaje Jurídico?
Porque habíamos detectado un conjunto de necesidades insatisfechas, frustraciones intolerables y problemas irresueltos en el mundo del Derecho. Hablamos concretamente de un “dolor jurídico” que afecta a los ciudadanos en su conjunto y que requiere una pronta y eficaz solución: la incomprensión manifiesta y reiterada de los términos jurídicos y de lenguaje jurídico en general por parte del ciudadano de a pie.
¿Cuáles son los síntomas de ese "dolor" jurídico que afecta a los ciudadanos?
Al ciudadano el lenguaje jurídico suele parecerle críptico y oscuro. Además, la falta de claridad de muchos abogados genera dificultades para distinguir entre un letrado generalista (el que se dedica a todas o casi todas las áreas o ramas del Derecho) de uno especialista (el que concentra sus servicios profesionales en concretas, específicas y determinadas áreas del Derecho). Esto se complica por la falta de empatía de algunos abogados hacia sus clientes y por la incomprensión de sus negocios, de sus problemas patrimoniales y de sus dificultades personales o familiares. Para ofrecer una buena solución jurídica hay que conocer antes el problema subyacente que se pretende solucionar.
¿Cuál es la causa generadora de ese "dolor" jurídico?
Hemos detectado más de una. Las más destacadas quizá sean la limitada cultura legal del ciudadano medio, el desconocimiento generalizado del sector jurídico y de sus especialidades, y la asimetría de información que existe en el mercado de servicios jurídicos y de los profesionales del Derecho respecto de la información que reciben los ciudadanos.
¿De qué trata este portal y cómo se aliviará ese "dolor jurídico"?
Definimos los términos jurídicos más utilizados en la vida diaria y los negocios, lo que incluye los aforismos o latinajos jurídicos de uso corriente. Además, ofrecemos análisis jurídico e información técnica sobre derecho accesible y lenguaje jurídico claro para lo cual contamos con los mejores expertos en accesibilidad y usabilidad legal, lenguaje jurídico claro y legal design.
¿Cómo se estructura la web Lenguaje Jurídico?
La web se divide en tres categorías (Diccionario Jurídico, Textos Legales y Palabra de Jurista) dentro de las cuales se incluirán todos las entradas y los artículos publicados en el portal. La principal sección del portal en la actualidad es el Diccionario Jurídico. De este modo, trataremos de poner el Derecho al alcance del empresario, emprendedor, inversor, innovador, trabajador, científico, consumidor, estudiante, jubilado, desempleado y, en general, del ciudadano de a pie que es quien más lo necesita.
En pro de un lenguaje jurídico accesible.
No son de nuestra devoción los juristas burdamente dogmáticos, es decir, aquellos que intentan dominar la discusión con una frase hecha, que apelan a una palabra incomprensible para quienes no forman parte de su esotérico círculo, o que se valen de un vetusto latinajo innecesario para impresionar al interlocutor. Los ciudadanos tenemos el derecho a comprender y a entender, por nosotros mismos, las comunicaciones verbales y escritas por los profesionales del Derecho.
