31/07/2026

Reglamento DORA

El Reglamento (UE) 2022/2554, conocido como DORA, establece un marco normativo común en la Unión Europea para reforzar la resiliencia operativa digital del sector financiero, lo que incluye a los CASPs. En un contexto donde las entidades financieras son cada vez más dependientes de las tecnologías de la información, este Reglamento busca asegurar que puedan resistir, responder y recuperarse frente a incidentes relacionados con las TIC.
DORA se articula en torno a cinco pilares: la gestión del riesgo TIC, la notificación de incidentes, las pruebas de resiliencia digital, la supervisión del riesgo derivado de terceros proveedores y el intercambio voluntario de información sobre ciberamenazas. El Reglamento impone obligaciones claras como el desarrollo de políticas de seguridad, la realización de pruebas periódicas, el registro de contratos tecnológicos y la inclusión de cláusulas contractuales obligatorias. Además, introduce un marco de supervisión directa para proveedores tecnológicos considerados críticos. Se aplica un principio de proporcionalidad y se otorgan amplios poderes a las autoridades competentes para supervisar, investigar e imponer sanciones en caso de incumplimiento.

Reglamento sobre Inteligencia Artificial (RIA)

El Reglamento de Inteligencia Artificial UE 2024/1689 (RIA) es una norma que abre camino en la regulación del uso de la IA en Europa, tanto para sus ciudadanos, como para los proveedores que se dirijan a ellos.
Además, fuera de la UE, surge como marco de referencia e inspiración a nivel global, estableciendo requisitos según su riesgo a fin de garantizar la seguridad, la transparencia y su supervisión.

Reglamento (UE) 2023/1114 relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA)

El Reglamento MiCA regula los mercados de criptoactivos en la Unión Europea. Este texto garantiza la protección de los titulares de criptoactivos y de los clientes de los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), la integridad del mercado de criptoactivos, la innovación en este mercado y la estabilidad financiera en la Unión europea. Para ello, el Reglamento establece un sistema de autorización y supervisión de los CASP por las autoridades nacionales supervisoras.

Ley Orgánica del Poder Judicial

La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio) es la ley encargada de regular todo lo relativo al Poder Judicial en España, es decir, la constitución, funcionamiento y el gobierno de los distintos Juzgados y Tribunales. Establece el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera y de todo el personal que se encuentra al servicio de la Administración de Justicia, así como la responsable de establecer las diferentes incompatibilidades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, además de sus funciones.

Ley de creación y crecimiento de empresas

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como la Ley «Crea y Crece», tiene como objetivo regular un mejor entorno empresarial, promover la iniciativa emprendedora y estimular el crecimiento de las empresas, además de facilitar el establecimiento de redes de colaboración e interacción. Busca fomentar la competencia y mejorar el clima de negocios en España.

Reglamento del Registro Mercantil

El Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil es una norma jurídica que desempeña un papel crucial al asegurar la integridad, coherencia y eficiencia del sistema de registros en España. Concretamente, contribuye a fortalecer la confianza en las transacciones comerciales al tiempo que simplifica el cumplimiento de las obligaciones legales. Regula los aspectos vinculados al funcionamiento y la estructura del Registro Mercantil (RM), entidad cuyo objetivo principal es proporcionar transparencia y seguridad jurídica en el ámbito de las relaciones comerciales.

Ley sobre las Condiciones generales de contratación

La Ley sobre Condiciones Generales de Contratación (LCGC) o Ley 7/1998 de 13 abril se encarga de regular todos aquellos contratos que tengan condiciones generales. Por condiciones generales entendemos como aquella condición que ha sido impuesta por una de las partes sin posibilidad de negociación, y que ha sido redactada de forma que pueda ser incorporada en una pluralidad de contratos, independientemente de que la persona que se adhiera al mismo sea un consumidor o un profesional. Hay que destacar que esta ley ha de completarse en varios aspectos con el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, conocida más comúnmente como TRLGDCU, especialmente en lo que respecta a los artículos 80 a 91 de la misma.

Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión

La Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión desempeña un papel crucial en la consecución de mercados financieros transparentes, eficientes y estables asegurando los más altos niveles de protección para los clientes de servicios financieros. Regula el mercado de valores y los servicios y actividades de inversión en España. Consolida el marco normativo en un único texto y lo ajusta a las nuevas realidades tecnológicas y económicas. Dota al desempeña un papel crucial en la consecución de mercados financieros transparentes, eficientes y estables asegurando los más altos niveles de protección para los clientes de servicios financieros. Regula el mercado de valores y los servicios y actividades de inversión en España. Consolida el marco normativo en un único texto y lo ajusta a las nuevas realidades tecnológicas y económicas. Dota al sistema financiero de seguridad jurídica.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal a lo largo de sus 999 artículos desarrolla todos los procedimientos y actuaciones que se han de practicar para poder desarrollar de manera adecuada el proceso penal y garantizar los derechos de defensa del acusado. La importancia de esta ley radica en la necesidad de proteger los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los acusados, garantizar la justicia y toda una serie de principios penales. Contar con una Ley de Enjuiciamiento Criminal completa es una de las claves para generar confianza y fe en el sistema por parte de los ciudadanos.

Ley de Enjuiciamiento Civil

La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) o Ley 1/2000 de 7 de enero, es un conjunto de normas legales que se encargan de la regulación de los aspectos fundamentales del Derecho Procesal civil. Se trata por tanto, de un texto legal que determinará el desarrollo de los procedimientos legales de carácter civil, y la forma en la que las leyes deberán ser ejecutadas por parte del tribunal, así como los diferentes derechos y obligaciones de los ciudadanos ante la jurisdicción civil.