El Derecho a tu alcance
El blanqueo de capitales es un delito tipificado en el Código Penal y que forma parte del llamado derecho penal económico.
Consiste en llevar a cabo ciertos procedimientos que tienen como objetivo incorporar al tráfico económico bienes o dinero que tiene un origen delictivo, dándoles apariencia de legalidad.
La comisión del delito de blanqueo de capitales implica tres fases: la primera, la fase de introducción del dinero o los bienes delictivos en el tráfico económico lícito; una segunda fase, en que se trata de encubrir su procedencia delictiva utilizando algún mecanismo fraudulento; y finalmente, una fase de integración, en que se hace uso del dinero o los bienes y pasan a formar parte del tráfico normal, bajo una justificación que pretende ser creíble.
Un ejemplo típico de blanqueo de capitales es aquel en que el defraudado se otorga a sí mismo un préstamo con el dinero obtenido de forma delictiva, a partir de una sociedad que se encuentra en el extranjero y que él mismo ha creado, todo ello sin declararlo a la autoridad correspondiente.
Además de ser un delito tipificado en el Código Penal, el delito de blanqueo de capitales ha sido desarrollado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Debido al gran peligro que existe de que se lleven a cabo conductas como la descrita, en España, así como en la comunidad europea, se sigue una política de prevención del blanqueo de capitales.
Para la efectiva aplicación de la normativa que lo regula y lo castiga, en España existe la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que tiene como función principal dirigir e impulsar la prevención de la utilización del sistema financiero, entre otros sectores, para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
por La Ley PBC/FT impone obligaciones específicas a los empleados, directivos y agentes de las entidades obligadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ley exige controles internos eficaces, políticas escritas de admisión de clientes y procedimientos de diligencia debida. También se requiere autorización de la directiva para operar con personas con responsabilidad pública.
por Para operar como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en la UE, es obligatorio cumplir con requisitos específicos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Reglamento MiCA exige sistemas de control interno eficaces, un órgano responsable del cumplimiento, un representante ante el SEPBLAC y un Manual de prevención. Estas obligaciones refuerzan la transparencia, la gestión de riesgos y la confianza de las autoridades en la actividad del CASP.
por En cumplimiento de la Ley 10/2010, los sujetos obligados deben adoptar medidas internas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas incluyen políticas escritas, un manual actualizado, un órgano de control interno, un representante ante el SEPBLAC, formación continua, revisión externa anual, normas éticas de contratación y protección de informantes.
por La normativa española en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), impone obligaciones de diligencia debida a entidades y profesionales designados como sujetos obligados. El Reglamento MiCA incluye los CASP como sujetos obligados. Estos deben aplicar medidas de diligencia debida —normales, simplificadas o reforzadas— según el nivel de riesgo de sus clientes. Estas medidas consisten en identificar a clientes y titulares reales, verificar la identidad, conocer el propósito de la relación comercial y realizar seguimiento continuo.
En este diccionario jurídico encontrarás definiciones claras, sencillas y rigurosas, acompañadas de ejemplos, de los términos jurídicos más utilizados en el derecho de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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