El Derecho a tu alcance
Conforman el derecho digital aquellas normas que surgen para resolver situaciones y problemas jurídicos que se derivan a partir del uso de las llamadas TIC (tecnologías de la información y de la comunicación).
Es decir, se trata de un área del derecho que surge con el nacimiento de las nuevas necesidades que demanda una sociedad cada vez más digital y tecnológica.
El derecho digital presenta una dificultad especial por el hecho de que se trata de una materia jurídica multidisciplinar debido a que se entrecruza con otras áreas o ramas del derecho. Por ejemplo, algunas especialidades jurídicas de este derecho son: el derecho a la protección de datos personales, el derecho de la inteligencia artificial, el derecho sobre la tecnología blockchain y el derecho de internet. Esto explica porque el derecho digital se puede dividir en sub especialidades.
En España, existen muchas normas jurídicas que regulan cada una de estas sub especialidades lo que obliga a los buenos profesionales dedicados a esta área del derecho a tener que actualizarse permanentemente.
Se estima que en España actualmente (octubre de 2021) más de 15,5 millones de hogares, con al menos un miembro de 16 a 74 años (el 95,3% del total, frente al 91,2% de 2019), disponen de acceso a Internet por banda ancha fija y/o móvil. Y este número va en aumento.
Resulta innegable el protagonismo de las nuevas tecnologías en nuestras vidas y, con ello, inevitablemente también la relevancia del derecho digital. Por eso es importante que todos los ciudadanos cuenten con nociones básicas sobre esta materia.
por Este artículo explica qué es el marcado CE en sistemas de IA de alto riesgo, su relación con la evaluación de conformidad, qué sistemas de IA lo requieren, el procedimiento para obtenerlo, las obligaciones posteriores, los supuestos que pueden llevar a su retirada y cómo se coordina con otras obligaciones del RIA, ofreciendo una visión completa para garantizar el cumplimiento legal y la confianza en el mercado europeo.
por La evaluación de conformidad es un requisito esencial para comercializar sistemas de IA de alto riesgo conforme al RIA. Este post detalla su finalidad, contenido, procedimientos aplicables, actores implicados, consecuencias del incumplimiento y su articulación con el resto de obligaciones normativas establecidas por el RIA.
por La evaluación de impacto relativa a los derechos fundamentales (FRIA) es una obligación clave del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) para determinados sistemas de alto riesgo. En este artículo se analiza qué es una FRIA, en qué se diferencia de la PIA (evaluación de impacto en materia de protección de datos), cuándo debe realizarse, qué contenido debe incluir, quiénes deben intervenir y qué consecuencias puede tener no cumplir con esta exigencia normativa. Una guía completa y actualizada para entender su papel dentro del marco regulador europeo de la IA.
por El RIA impone requisitos técnicos y jurídicos esenciales a los sistemas de IA de alto riesgo. Este artículo explica uno por uno los elementos clave: gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, supervisión humana, precisión y ciberseguridad. Una guía clara para quienes diseñan o despliegan IA en contextos regulados.
por El RIA reconoce que algunos sistemas de inteligencia artificial no requieren control normativo por su impacto insignificante. Esta entrada analiza qué se considera IA de riesgo mínimo, por qué no están sujetos a obligaciones específicas y qué aspectos deben observarse para mantener su correcta clasificación jurídica.
por El RIA regula los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado con un enfoque claro: transparencia en la interacción con el usuario. Este artículo analiza qué sistemas se incluyen en esta categoría, qué obligaciones impone la norma europea y cómo deben cumplirlas proveedores y desplegadores para evitar riesgos legales y generar confianza.
por El Reglamento MiCA introduce la categoría de los CASP significativos. Regulados en el artículo 86, estos actores se determinan por criterios de tamaño y actividad, independientemente del tipo de servicio ofrecido. Si un CASP cuenta con al menos 15 millones de usuarios activos en la Unión Europea, deberá notificarlo a su autoridad nacional, que a su vez informará a la AEVM para su supervisión conjunta. Esta vigilancia reforzada responde a los posibles riesgos sistémicos que estos proveedores pueden representar. Además, el artículo 140 prevé una evaluación periódica: en 2025 y 2027, la Comisión presentará informes que podrían incluir propuestas legislativas, revisando tanto el número de CASP significativos como la idoneidad de los umbrales actuales. Aunque aún no hay lista oficial, empresas como Binance, Coinbase o Kraken probablemente serán clasificadas como tales.
por El Reglamento MiCA impone una serie de obligaciones comunes a todos los CASP, que abarcan desde la conducta profesional hasta la transparencia económica, la gobernanza y la gestión de riesgos. Entre los deberes clave destacan actuar con diligencia y honestidad, informar sobre los riesgos de los criptoactivos, mantener reservas financieras mínimas, asegurar la separación de los fondos de clientes y establecer mecanismos sólidos de atención a reclamaciones. También se regulan aspectos como la gestión de conflictos de intereses, la externalización de funciones y la obligación de notificar cambios relevantes a las autoridades. Este enfoque busca armonizar la actividad de los CASP en toda la UE, garantizando un entorno más seguro, previsible y transparente para usuarios e inversores.
por Los sistemas de IA de alto riesgo son tecnologías de IA reguladas con especial exigencia por su impacto potencial en derechos fundamentales, salud y seguridad. Descubre su definición, sectores clave y consecuencias jurídicas.
por Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que ejecutan órdenes de criptoactivos por cuenta de clientes (compran, venden o suscriben criptoactivos en nombre de sus clientes). Su obligación principal es lograr el mejor resultado posible en la ejecución de órdenes para el cliente, considerando precio, costes, liquidación, entre otros factores. Se exige que los PSC implementen una política de ejecución de órdenes transparente y efectiva para asegurar una ejecución puntual, justa y rápida, evitando además el uso indebido de información sobre las órdenes.
En este diccionario jurídico encontrarás definiciones claras, sencillas y rigurosas, acompañadas de ejemplos, de los términos jurídicos más utilizados en el derecho digital.
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