CASP que ejecutan órdenes por cuenta de clientes

1. ¿Qué es la Ejecución de órdenes por cuenta de clientes?

El Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) establece un marco claro para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). En él se categorizan 10 tipos de proveedores de servicios de criptoactivos en función de la actividad que realizan. Uno de estos servicios es la «ejecución de órdenes relacionadas con criptoactivos por cuenta de clientes». Los proveedores de servicios de criptoactivos que ejecutan órdenes por cuenta de clientes celebran acuerdos, por cuenta de clientes, para la compra o venta de uno o varios criptoactivos, o para su suscripción. Esto incluye también la venta de criptoactivos durante una oferta pública o su admisión a negociación.

Es importante distinguir este servicio de otros, como el canje de criptoactivos por fondos u otros criptoactivos. Aunque puede haber similitudes cuando el CASP actúa en nombre de su cliente, en el servicio de ejecución de órdenes, el precio no lo determina libremente el CASP, sino que es determinado por el exchange donde el CASP compra el criptoactivo.

2. La obligación fundamental: El mejor resultado posible para el cliente

Una de las piedras angulares para los CASP que ejecutan órdenes es la obligación de tomar todas las medidas necesarias para obtener el mejor resultado posible para sus clientes al ejecutar las órdenes. Al buscar este mejor resultado, deben tener en cuenta diversos factores, como:

• Precio
• Costes
• Rapidez
• Probabilidad de ejecución y liquidación
• Volumen y naturaleza del criptoactivo
• Condiciones de custodia del criptoactivo
• Cualquier otra consideración pertinente para la ejecución

Esta obligación de buscar el mejor resultado es especialmente relevante incluso cuando el CASP actúa como contraparte del cliente.

Sin embargo, hay una excepción importante: no están obligados a adoptar estas medidas si ejecutan las órdenes siguiendo instrucciones específicas impartidas por sus clientes.

3. La política de ejecución de órdenes por cuenta de clientes

Para garantizar el cumplimiento de la obligación del mejor resultado, los proveedores de servicios de criptoactivos que ejecutan órdenes deben establecer y aplicar mecanismos de ejecución efectivos, incluyendo una política de ejecución de órdenes. Esta política debe prever una ejecución puntual, justa y rápida de las órdenes de los clientes. Un aspecto crucial de esta política es la prevención del uso indebido de cualquier información relativa a las órdenes de los clientes por parte de los empleados del CASP. Cabe destacar que la información específica transmitida por un cliente sobre sus órdenes pendientes puede considerarse información privilegiada si, al hacerse pública, pudiera influir significativamente en el precio de los criptoactivos.

4. Transparencia y consentimiento del cliente

Los CASP deben facilitar a sus clientes información adecuada y clara sobre su política de ejecución de órdenes y cualquier cambio significativo. Esta información debe explicar de forma clara, detallada y fácil de entender cómo se ejecutarán las órdenes. Además, el CASP debe recabar el consentimiento previo de cada cliente en relación con esta política.

Los clientes tienen derecho a solicitar al CASP que les demuestre que sus órdenes han sido ejecutadas de conformidad con la política de ejecución. Las autoridades competentes también pueden solicitar esta demostración de cumplimiento.

5. Ejecución de órdenes fuera de plataformas de negociación

Si la política de ejecución contempla la posibilidad de ejecutar órdenes fuera de una plataforma de negociación, los CASP deben informar a sus clientes de esta posibilidad y obtener su consentimiento expreso previo antes de proceder con la ejecución fuera de la plataforma. Este consentimiento puede ser un acuerdo general o darse para operaciones individuales.

6. Supervisión continua de los CASP que ejecutan órdenes por cuenta de clientes

Los CASP tienen la responsabilidad de supervisar la eficacia de sus mecanismos y su política de ejecución de órdenes. Deben revisar periódicamente si los centros de ejecución utilizados realmente proporcionan los mejores resultados para los clientes y si es necesario modificar sus sistemas. Cualquier cambio importante en sus sistemas o política de ejecución debe ser notificado a los clientes. En ausencia de un plazo explícito, se entiende que la notificación debe realizarse con una antelación razonable, en línea con el principio de buena fe y la protección del cliente. Este enfoque es coherente con otras normativas financieras de la Unión Europea, como MiFID II, que requieren notificar cambios en políticas relevantes «con suficiente antelación» para permitir que el cliente los evalúe.

Un centro de ejecución es una entidad que las empresas de inversión pueden seleccionar para ejecutar las órdenes de sus clientes. La obligación de publicar esta información detallada para aumentar la transparencia del mercado se establece, entre otras normativas, en el Reglamento Delegado (UE) 2017/575 de la Comisión, que completa la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). Esta regulación establece que el objetivo principal es que estos centros publiquen datos relevantes sobre la calidad de ejecución de las operaciones, como información de precios, costes y probabilidad de ejecución, para ayudar tanto al público como a las empresas de inversión a determinar la mejor manera de ejecutar dichas órdenes

7. Otras obligaciones relevantes de los CASP que ejecutan órdenes

Además de estas reglas específicas, los CASP que ejecutan órdenes están sujetos a las obligaciones generales que se aplican a todos los distintos tipos de proveedores de servicios de criptoactivos bajo MiCA, incluyendo:

• Actuar siempre con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, y en el mejor interés de sus clientes.
• Proporcionar información imparcial, clara y no engañosa, y advertir a los clientes de los riesgos asociados a los criptoactivos.
• Establecer procedimientos de tramitación de reclamaciones efectivos y transparentes.
• Adoptar una política sólida para detectar, prevenir, gestionar y comunicar los conflictos de intereses.
• Cumplir con requisitos prudenciales y organizativos, incluyendo salvaguardias y sistemas de control interno adecuados.
• Mantener registros de todas las operaciones y servicios.
• Disponer de un plan adecuado para una liquidación ordenada de sus actividades.

Las entidades que deseen prestar este servicio deben obtener una autorización como CASP bajo el amparo del Reglamento MiCA. Asimismo también podrán proveer estos servicios determinadas entidades financieras (entidades de crédito y empresas de servicios de inversión) ya que están reguladas por el Reglamento DORA y el Reglamento MiFiD II. En este caso, deberán notificación a su autoridad competente (en el caso de España la CNMV) la voluntad de proveer estos servicios.

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