El Derecho a tu alcance
El comercio electrónico o e-commerce es uno de los principales modelos de negocio digital.
En términos generales, podemos decir que hay comercio electrónico siempre que se realiza una transacción en un medio digital, normalmente internet. Por tanto, no basta con utilizar los canales electrónicos para contactar, captar, comunicar, dialogar, ofrecer, etc. El e-commerce requiere que se complete la venta, que exista alguien dispuesto a vender algo (un producto o un servicio). y alguien dispuesto a comprarlo, que contacten ambos y que confirmen online la operación.
Ahora bien, no es imprescindible que el pago se canalice también por este medio, aunque es lo habitual que sea así, ya que existen ventas en línea que se pagan por otros medios; ejemplo, por transferencia bancaria, a través de una blockchain (pago con criptomonedas como el bitcoin) o contra reembolso (en mano al transportista).
Los expertos señalan hasta cinco variantes de modelos de negocio e-commerce:
por La Ley PBC/FT impone obligaciones específicas a los empleados, directivos y agentes de las entidades obligadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ley exige controles internos eficaces, políticas escritas de admisión de clientes y procedimientos de diligencia debida. También se requiere autorización de la directiva para operar con personas con responsabilidad pública.
por Para operar como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en la UE, es obligatorio cumplir con requisitos específicos en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Reglamento MiCA exige sistemas de control interno eficaces, un órgano responsable del cumplimiento, un representante ante el SEPBLAC y un Manual de prevención. Estas obligaciones refuerzan la transparencia, la gestión de riesgos y la confianza de las autoridades en la actividad del CASP.
por En cumplimiento de la Ley 10/2010, los sujetos obligados deben adoptar medidas internas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas incluyen políticas escritas, un manual actualizado, un órgano de control interno, un representante ante el SEPBLAC, formación continua, revisión externa anual, normas éticas de contratación y protección de informantes.
por El Reglamento MiCA introduce la categoría de los CASP significativos. Regulados en el artículo 86, estos actores se determinan por criterios de tamaño y actividad, independientemente del tipo de servicio ofrecido. Si un CASP cuenta con al menos 15 millones de usuarios activos en la Unión Europea, deberá notificarlo a su autoridad nacional, que a su vez informará a la AEVM para su supervisión conjunta. Esta vigilancia reforzada responde a los posibles riesgos sistémicos que estos proveedores pueden representar. Además, el artículo 140 prevé una evaluación periódica: en 2025 y 2027, la Comisión presentará informes que podrían incluir propuestas legislativas, revisando tanto el número de CASP significativos como la idoneidad de los umbrales actuales. Aunque aún no hay lista oficial, empresas como Binance, Coinbase o Kraken probablemente serán clasificadas como tales.
por El Reglamento MiCA impone una serie de obligaciones comunes a todos los CASP, que abarcan desde la conducta profesional hasta la transparencia económica, la gobernanza y la gestión de riesgos. Entre los deberes clave destacan actuar con diligencia y honestidad, informar sobre los riesgos de los criptoactivos, mantener reservas financieras mínimas, asegurar la separación de los fondos de clientes y establecer mecanismos sólidos de atención a reclamaciones. También se regulan aspectos como la gestión de conflictos de intereses, la externalización de funciones y la obligación de notificar cambios relevantes a las autoridades. Este enfoque busca armonizar la actividad de los CASP en toda la UE, garantizando un entorno más seguro, previsible y transparente para usuarios e inversores.
por El Reglamento (UE) 2022/2554, conocido como DORA, establece un marco normativo común en la Unión Europea para reforzar la resiliencia operativa digital del sector financiero, lo que incluye a los CASPs. En un contexto donde las entidades financieras son cada vez más dependientes de las tecnologías de la información, este Reglamento busca asegurar que puedan resistir, responder y recuperarse frente a incidentes relacionados con las TIC.
DORA se articula en torno a cinco pilares: la gestión del riesgo TIC, la notificación de incidentes, las pruebas de resiliencia digital, la supervisión del riesgo derivado de terceros proveedores y el intercambio voluntario de información sobre ciberamenazas. El Reglamento impone obligaciones claras como el desarrollo de políticas de seguridad, la realización de pruebas periódicas, el registro de contratos tecnológicos y la inclusión de cláusulas contractuales obligatorias. Además, introduce un marco de supervisión directa para proveedores tecnológicos considerados críticos. Se aplica un principio de proporcionalidad y se otorgan amplios poderes a las autoridades competentes para supervisar, investigar e imponer sanciones en caso de incumplimiento.
por Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que ejecutan órdenes de criptoactivos por cuenta de clientes (compran, venden o suscriben criptoactivos en nombre de sus clientes). Su obligación principal es lograr el mejor resultado posible en la ejecución de órdenes para el cliente, considerando precio, costes, liquidación, entre otros factores. Se exige que los PSC implementen una política de ejecución de órdenes transparente y efectiva para asegurar una ejecución puntual, justa y rápida, evitando además el uso indebido de información sobre las órdenes.
por El Consejo de Administración es un pilar esencial en la estructura organizativa de las sociedades de capital, actuando como un órgano colegiado que toma decisiones claves. En el contexto de las sociedades anónimas (S.A.), su existencia es obligatoria cuando hay más de dos administradores mancomunados, mientras que en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada (S.L.) se ha establecido un límite máximo de 12 consejeros. En ambos casos, el Consejo de Administración asume un rol relevante en la definición de la estrategia empresarial, la supervisión de la gestión ejecutiva, la garantía de la transparencia y el cumplimiento normativo.
por Los órganos sociales de las sociedades de capital están constituidos por los administradores y la junta general. Los administradores tienen la función de llevar a cabo el objeto social. Su responsabilidad abarca tanto la gestión interna de las operaciones de la sociedad, como también la interacción con terceros, contando con la autorización para actuar en representación de la sociedad frente a estos. En resumen, ejercen labores de gestión y representación de la sociedad.
por Las sociedades de capital son un tipo específico de empresas, en donde lo relevante son las contribuciones económicas que los socios hagan. La medida de cuánto participa cada socio en la empresa se determina según lo que aporta al capital social. El capital se encuentra dividido en partes alícuotas, ser propietario de esas partes alícuotas – participaciones o acciones – es lo que te proporciona la posición de socio. Las sociedades de capital dan nacimiento a una persona jurídica, con capacidad para mantener sus propias relaciones jurídicas y para operar en el tráfico como sujeto de derecho.
