El Derecho a tu alcance
La relación entre derecho y lenguaje es intensa. El derecho necesita ser escrito y hablado a través del lenguaje sin el cual no podría existir y, en sentido recíproco, el derecho contribuye a la elaboración constante del lenguaje gracias al aporte de neologismos jurídicos y nuevas expresiones. Nace así el término lenguaje jurídico.
De la nomenclatura propia del derecho proceden varias palabras incorporadas al caudal de la lengua castellana viva (victimización, homicidio, filicidio, genocidio, fratricidio, infanticidio, parricidio, matricidio, suicidio, son algunas de ellas) que hoy figuran como palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).
La RAE define lenguaje como el “conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente” y el “estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular”. Por su parte, el profesor Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate, decía que “el derecho es el arte de trazar límites y el límite no existe cuando no es claro”. Esto nos conduce a afirmar que la precisión y la claridad constituyen requisitos esenciales para asegurar la propiedad y el rigor en el uso del lenguaje jurídico.
Los ciudadanos tenemos el derecho a comprender, por nosotros mismos, las comunicaciones verbales y documentos escritos (leyes, sentencias, resoluciones administrativas y contratos, esencialmente) que producen los profesionales del derecho (abogados, delegados de protección de datos, jueces y magistrados, fiscales, notarios, árbitros, mediadores, profesores de derecho, entre otros) y las emitidas por las instituciones del Estado (en España, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, las universidades, las instituciones penitenciarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los ayuntamientos, las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos).
Un mal uso del lenguaje por parte de tales profesionales e instituciones genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales, como ha advertido el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia de España (2011). El Estado de Derecho se ve fortalecido gracias a una mayor claridad del lenguaje jurídico.
La palabra es la médula del discurso de los profesionales del derecho: claridad, lógica, precisión y rigor técnico pueden ir perfectamente de la mano con la simplicidad y belleza, al momento de comunicar. En este portal encontrarás artículos relacionados con el lenguaje jurídico claro y el legal design, textos legales y jurisprudencia. Pero lo que principalmente te ofrecemos es el Diccionario Jurídico al alcance de todos redactado en lenguaje claro, especialmente diseñado para el ciudadano de a pie.
por A su disposición el texto del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que regula el régimen jurídico de los consumidores y usuarios en sus relaciones con los empresarios.
por El objeto de la Ley de Blanqueo de Capitales es la protección de la integridad del sistema financiero y de cualesquiera otros sectores de actividad económica que puedan verse afectados por el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Ley establece rigurosas obligaciones de diligencia debida a los sujetos obligados y obligaciones de comunicación y control interno.
por El propósito de la Ley de Competencia Desleal es conservar la sana competencia entre empresas, fomentando el desarrollo del mercado. El legislador quiere establecer mecanismos para impedir que el principio de libertad de la competencia y de la libertad de empresa, consagrado en nuestra Constitución, pueda verse falseado por prácticas desleales, y a la vez, quiere proteger al consumidor de las relaciones típicas del mercado.
por La Ley «Solo sí es sí» ha introducido un nuevo tipo penal de suplantación de la identidad en internet como subtipo del delito de acoso. Así, se castiga a quien utilice la imagen de otra persona sin su consentimiento con el objetivo de realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales o cualquier otro medio de difusión pública, ocasionándole a la persona cuya imagen se ha utilizado una situación de acoso, hostigamiento o humillación.
por El hacking o intrusismo informático está tipificado en el artículo 197 bis.1 del Código Penal. Así, se castiga a quien accede o facilita el acceso a un sistema de información o se mantiene en él contra la voluntad de quien tiene legítimo derecho a excluirlo, vulnerando las medidas de seguridad establecidas.
por La estafa informática es un tipo de delito de estafa que se comete mediante la manipulación informática, fabricando o introduciendo programas informáticos destinados a cometer estafas o utilizando tarjetas de crédito en perjuicio de su titular. Las principales modalidades de estafa informática son el phising, el smishing, el vishing, el pharming, el spoofing, el spyware o el keylogger.
por Un contrato de licencia de software regula la autorización para la utilización de los derechos de explotación inherentes a un programa de ordenador, que realiza el titular de los mismos en favor de un tercero.
por A su disposición el texto de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que regula el régimen jurídico de los delitos y las penas en España.
por A su disposición el texto de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que regula el régimen jurídico de las marcas y los nombres comerciales en España.
por El texto completo y vigente del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, norma que regula en España los derechos de autor y demás derechos afines de propiedad intelectual.
Las entradas de esta web están dirigidas especialmente a legos en Derecho. Particular importancia tienen los colectivos de empresarios, emprendedores, inversores y autónomos, así como los consumidores y usuarios y, en general, el ciudadano de a pie. El objetivo perseguido por Lenguaje Jurídico es facilitar la comprensión del Derecho y ponerlo al alcance de todos o, más específicamente, de quién lo necesite. Para ello combinamos la simplicidad y sencillez del lenguaje, con la didáctica expositiva, la rigurosidad del análisis y el uso adecuado de las fuentes del Derecho. Aunque particularmente las publicaciones de este portal se hagan desde la perspectiva del derecho español, también se podrá hacer a otros ordenamientos jurídicos en cuyo caso se efectuará la referencia y precisión correspondientes.
Lenguaje Jurídico es una web de juristas para no juristas. Con la finalidad de facilitar la comprensión del Derecho a empresarios, emprendedores, inversores, profesionales liberales, autónomos en general, trabajadores por cuenta ajena, policías, militares, consumidores y usuarios, jubilados, desempleados, y particulares en general, hemos creado esta web y en especial el "diccionario jurídico" que encontrarás dentro del portal. Las entradas de Lenguaje Jurídico se caracterizan por ser claras, prácticas y didácticas, a la vez que rigurosas y precisas desde un punto de vista técnico. Buscamos hacer fácil lo difícil y entretenido lo aburrido en Derecho.
¿Qué nos impulsó a crear Lenguaje Jurídico?
Porque habíamos detectado un conjunto de necesidades insatisfechas, frustraciones intolerables y problemas irresueltos en el mundo del Derecho. Hablamos concretamente de un “dolor jurídico” que afecta a los ciudadanos en su conjunto y que requiere una pronta y eficaz solución: la incomprensión manifiesta y reiterada de los términos jurídicos y de lenguaje jurídico en general por parte del ciudadano de a pie.
¿Cuáles son los síntomas de ese "dolor" jurídico que afecta a los ciudadanos?
Al ciudadano el lenguaje jurídico suele parecerle críptico y oscuro. Además, la falta de claridad de muchos abogados genera dificultades para distinguir entre un letrado generalista (el que se dedica a todas o casi todas las áreas o ramas del Derecho) de uno especialista (el que concentra sus servicios profesionales en concretas, específicas y determinadas áreas del Derecho). Esto se complica por la falta de empatía de algunos abogados hacia sus clientes y por la incomprensión de sus negocios, de sus problemas patrimoniales y de sus dificultades personales o familiares. Para ofrecer una buena solución jurídica hay que conocer antes el problema subyacente que se pretende solucionar.
¿Cuál es la causa generadora de ese "dolor" jurídico?
Hemos detectado más de una. Las más destacadas quizá sean la limitada cultura legal del ciudadano medio, el desconocimiento generalizado del sector jurídico y de sus especialidades, y la asimetría de información que existe en el mercado de servicios jurídicos y de los profesionales del Derecho respecto de la información que reciben los ciudadanos.
¿De qué trata este portal y cómo se aliviará ese "dolor jurídico"?
Definimos los términos jurídicos más utilizados en la vida diaria y los negocios, lo que incluye los aforismos o latinajos jurídicos de uso corriente. Además, ofrecemos análisis jurídico e información técnica sobre derecho accesible y lenguaje jurídico claro para lo cual contamos con los mejores expertos en accesibilidad y usabilidad legal, lenguaje jurídico claro y legal design.
¿Cómo se estructura la web Lenguaje Jurídico?
La web se divide en tres categorías (Diccionario Jurídico, Textos Legales y Palabra de Jurista) dentro de las cuales se incluirán todos las entradas y los artículos publicados en el portal. La principal sección del portal en la actualidad es el Diccionario Jurídico. De este modo, trataremos de poner el Derecho al alcance del empresario, emprendedor, inversor, innovador, trabajador, científico, consumidor, estudiante, jubilado, desempleado y, en general, del ciudadano de a pie que es quien más lo necesita.
En pro de un lenguaje jurídico accesible.
No son de nuestra devoción los juristas burdamente dogmáticos, es decir, aquellos que intentan dominar la discusión con una frase hecha, que apelan a una palabra incomprensible para quienes no forman parte de su esotérico círculo, o que se valen de un vetusto latinajo innecesario para impresionar al interlocutor. Los ciudadanos tenemos el derecho a comprender y a entender, por nosotros mismos, las comunicaciones verbales y escritas por los profesionales del Derecho.
