El ciudadano reclama un lenguaje jurídico claro y comprensible
La relación entre derecho y lenguaje es intensa. El derecho necesita ser escrito y hablado a través del lenguaje sin el cual no podría existir y, en sentido recíproco, el derecho contribuye a la elaboración constante del lenguaje gracias al aporte de neologismos jurídicos y nuevas expresiones. Nace así el término lenguaje jurídico.
De la nomenclatura propia del derecho proceden varias palabras incorporadas al caudal de la lengua castellana viva (victimización, homicidio, filicidio, genocidio, fratricidio, infanticidio, parricidio, matricidio, suicidio, son algunas de ellas) que hoy figuran como palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).
La RAE define lenguaje como el “conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente” y el “estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular”. Por su parte, el profesor Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate, decía que “el derecho es el arte de trazar límites y el límite no existe cuando no es claro”. Esto nos conduce a afirmar que la precisión y la claridad constituyen requisitos esenciales para asegurar la propiedad y el rigor en el uso del lenguaje jurídico.
Los ciudadanos tenemos el derecho a comprender, por nosotros mismos, las comunicaciones verbales y documentos escritos (leyes, sentencias, resoluciones administrativas y contratos, esencialmente) que producen los profesionales del derecho (abogados, delegados de protección de datos, jueces y magistrados, fiscales, notarios, árbitros, mediadores, profesores de derecho, entre otros) y las emitidas por las instituciones del Estado (en España, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, las universidades, las instituciones penitenciarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los ayuntamientos, las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos).
Un mal uso del lenguaje por parte de tales profesionales e instituciones genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales, como ha advertido el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia de España (2011). El Estado de Derecho se ve fortalecido gracias a una mayor claridad del lenguaje jurídico.
La palabra es la médula del discurso de los profesionales del derecho: claridad, lógica, precisión y rigor técnico pueden ir perfectamente de la mano con la simplicidad y belleza, al momento de comunicar. En este portal encontrarás artículos relacionados con el lenguaje jurídico claro y el legal design, textos legales y jurisprudencia. Pero lo que principalmente te ofrecemos es el Diccionario Jurídico al alcance de todos redactado en lenguaje claro, especialmente diseñado para el ciudadano de a pie.
Últimas entradas publicadas en Lenguaje Jurídico
El Reglamento MiCA introduce la categoría de los CASP significativos. Regulados en el artículo 86, estos actores se determinan por criterios de tamaño y actividad, independientemente del tipo de servicio ofrecido. Si un CASP cuenta con al menos 15 millones de usuarios activos en la Unión Europea, deberá notificarlo a su autoridad nacional, que a su vez informará a la AEVM para su supervisión conjunta. Esta vigilancia reforzada responde a los posibles riesgos sistémicos que estos proveedores pueden representar. Además, el artículo 140 prevé una evaluación periódica: en 2025 y 2027, la Comisión presentará informes que podrían incluir propuestas legislativas, revisando tanto el número de CASP significativos como la idoneidad de los umbrales actuales. Aunque aún no hay lista oficial, empresas como Binance, Coinbase o Kraken probablemente serán clasificadas como tales.
El Reglamento MiCA impone una serie de obligaciones comunes a todos los CASP, que abarcan desde la conducta profesional hasta la transparencia económica, la gobernanza y la gestión de riesgos. Entre los deberes clave destacan actuar con diligencia y honestidad, informar sobre los riesgos de los criptoactivos, mantener reservas financieras mínimas, asegurar la separación de los fondos de clientes y establecer mecanismos sólidos de atención a reclamaciones. También se regulan aspectos como la gestión de conflictos de intereses, la externalización de funciones y la obligación de notificar cambios relevantes a las autoridades. Este enfoque busca armonizar la actividad de los CASP en toda la UE, garantizando un entorno más seguro, previsible y transparente para usuarios e inversores.
Los sistemas de IA de alto riesgo son tecnologías de IA reguladas con especial exigencia por su impacto potencial en derechos fundamentales, salud y seguridad. Descubre su definición, sectores clave y consecuencias jurídicas.
El Reglamento (UE) 2022/2554, conocido como DORA, establece un marco normativo común en la Unión Europea para reforzar la resiliencia operativa digital del sector financiero, lo que incluye a los CASPs. En un contexto donde las entidades financieras son cada vez más dependientes de las tecnologías de la información, este Reglamento busca asegurar que puedan resistir, responder y recuperarse frente a incidentes relacionados con las TIC.
DORA se articula en torno a cinco pilares: la gestión del riesgo TIC, la notificación de incidentes, las pruebas de resiliencia digital, la supervisión del riesgo derivado de terceros proveedores y el intercambio voluntario de información sobre ciberamenazas. El Reglamento impone obligaciones claras como el desarrollo de políticas de seguridad, la realización de pruebas periódicas, el registro de contratos tecnológicos y la inclusión de cláusulas contractuales obligatorias. Además, introduce un marco de supervisión directa para proveedores tecnológicos considerados críticos. Se aplica un principio de proporcionalidad y se otorgan amplios poderes a las autoridades competentes para supervisar, investigar e imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) que ejecutan órdenes de criptoactivos por cuenta de clientes (compran, venden o suscriben criptoactivos en nombre de sus clientes). Su obligación principal es lograr el mejor resultado posible en la ejecución de órdenes para el cliente, considerando precio, costes, liquidación, entre otros factores. Se exige que los PSC implementen una política de ejecución de órdenes transparente y efectiva para asegurar una ejecución puntual, justa y rápida, evitando además el uso indebido de información sobre las órdenes.
Explicamos qué se entiende por sistema de IA de riesgo inaceptable o prohibida, los casos concretos, las excepciones previstas y sus implicaciones jurídicas en el marco de la Unión Europea.
Los operadores de inteligencia artificial son los sujetos jurídicos que intervienen en el ciclo de vida de un sistema de IA, desde su desarrollo hasta su despliegue. Incluyen figuras como el proveedor, el importador, el distribuidor, el responsable del uso o las personas afectadas, cada una con funciones y responsabilidades diferenciadas.
Las stablecoins son criptomonedas con valor estable, vinculadas a monedas, criptoactivos o activos físicos. Existen varios tipos: fiduciarias, cripto-colateralizadas, algorítmicas y respaldadas por bienes. Europa ha regulado las monedas estables en el Reglamento MiCA, provocando la retirada de stablecoins poco transparentes como las USDT. Sin embargo, EEUU ha optado por una regulación más laxa de las stablecoins. El futuro de este tipo de criptoactivo dependerá de una regulación global coherente.
Una plataforma de negociación de criptoactivos es un sistema que facilita el encuentro entre compradores y vendedores de criptoactivos, permitiendo la ejecución de contratos mediante el intercambio de criptoactivos por dinero o por otros criptoactivos. Según el Reglamento MiCA (UE 2023/1114), estas plataformas deben cumplir con requisitos específicos de autorización, transparencia y seguridad. Ejemplos como Binance y Kraken ilustran cómo funcionan estas plataformas en la práctica. Con la entrada en vigor del Reglamento MiCA, los actuales VASP (proveedor de servicios de activos virtuales) se convierten en CASP (proveedor de servicios de criptoactivos) debiendo adaptarse a un marco regulatorio más estricto y armonizado en toda la UE.
¿Qué es la inteligencia artificial (IA)? En este post se define qué es la IA desde la perspectiva de la regulación de la Unión Europea. Comparativa de las principales definiciones jurídicas en la normativa europea y documentos jurídicos claves.
¿Por qué una web sobre el lenguaje jurídico?
Las entradas de esta web están dirigidas especialmente a legos en Derecho. Particular importancia tienen los colectivos de empresarios, emprendedores, inversores y autónomos, así como los consumidores y usuarios y, en general, el ciudadano de a pie. El objetivo perseguido por Lenguaje Jurídico es facilitar la comprensión del Derecho y ponerlo al alcance de todos o, más específicamente, de quién lo necesite. Para ello combinamos la simplicidad y sencillez del lenguaje, con la didáctica expositiva, la rigurosidad del análisis y el uso adecuado de las fuentes del Derecho. Aunque particularmente las publicaciones de este portal se hagan desde la perspectiva del derecho español, también se podrá hacer a otros ordenamientos jurídicos en cuyo caso se efectuará la referencia y precisión correspondientes.
Lenguaje Jurídico es una web de juristas para no juristas. Con la finalidad de facilitar la comprensión del Derecho a empresarios, emprendedores, inversores, profesionales liberales, autónomos en general, trabajadores por cuenta ajena, policías, militares, consumidores y usuarios, jubilados, desempleados, y particulares en general, hemos creado esta web y en especial el "diccionario jurídico" que encontrarás dentro del portal. Las entradas de Lenguaje Jurídico se caracterizan por ser claras, prácticas y didácticas, a la vez que rigurosas y precisas desde un punto de vista técnico. Buscamos hacer fácil lo difícil y entretenido lo aburrido en Derecho.
¿Qué nos impulsó a crear Lenguaje Jurídico?
Porque habíamos detectado un conjunto de necesidades insatisfechas, frustraciones intolerables y problemas irresueltos en el mundo del Derecho. Hablamos concretamente de un “dolor jurídico” que afecta a los ciudadanos en su conjunto y que requiere una pronta y eficaz solución: la incomprensión manifiesta y reiterada de los términos jurídicos y de lenguaje jurídico en general por parte del ciudadano de a pie.
¿Cuáles son los síntomas de ese "dolor" jurídico que afecta a los ciudadanos?
Al ciudadano el lenguaje jurídico suele parecerle críptico y oscuro. Además, la falta de claridad de muchos abogados genera dificultades para distinguir entre un letrado generalista (el que se dedica a todas o casi todas las áreas o ramas del Derecho) de uno especialista (el que concentra sus servicios profesionales en concretas, específicas y determinadas áreas del Derecho). Esto se complica por la falta de empatía de algunos abogados hacia sus clientes y por la incomprensión de sus negocios, de sus problemas patrimoniales y de sus dificultades personales o familiares. Para ofrecer una buena solución jurídica hay que conocer antes el problema subyacente que se pretende solucionar.
¿Cuál es la causa generadora de ese "dolor" jurídico?
Hemos detectado más de una. Las más destacadas quizá sean la limitada cultura legal del ciudadano medio, el desconocimiento generalizado del sector jurídico y de sus especialidades, y la asimetría de información que existe en el mercado de servicios jurídicos y de los profesionales del Derecho respecto de la información que reciben los ciudadanos.
¿De qué trata este portal y cómo se aliviará ese "dolor jurídico"?
Definimos los términos jurídicos más utilizados en la vida diaria y los negocios, lo que incluye los aforismos o latinajos jurídicos de uso corriente. Además, ofrecemos análisis jurídico e información técnica sobre derecho accesible y lenguaje jurídico claro para lo cual contamos con los mejores expertos en accesibilidad y usabilidad legal, lenguaje jurídico claro y legal design.
¿Cómo se estructura la web Lenguaje Jurídico?
La web se divide en tres categorías (Diccionario Jurídico, Textos Legales y Palabra de Jurista) dentro de las cuales se incluirán todos las entradas y los artículos publicados en el portal. La principal sección del portal en la actualidad es el Diccionario Jurídico. De este modo, trataremos de poner el Derecho al alcance del empresario, emprendedor, inversor, innovador, trabajador, científico, consumidor, estudiante, jubilado, desempleado y, en general, del ciudadano de a pie que es quien más lo necesita.
En pro de un lenguaje jurídico accesible.
No son de nuestra devoción los juristas burdamente dogmáticos, es decir, aquellos que intentan dominar la discusión con una frase hecha, que apelan a una palabra incomprensible para quienes no forman parte de su esotérico círculo, o que se valen de un vetusto latinajo innecesario para impresionar al interlocutor. Los ciudadanos tenemos el derecho a comprender y a entender, por nosotros mismos, las comunicaciones verbales y escritas por los profesionales del Derecho.
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