Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

1. ¿Qué regula la Ley de Patentes?

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, Ley de Patentes), tiene por objeto regular el régimen jurídico de las invenciones industriales. En particular, regula las patentes de invención, los modelos de utilidad y los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios, figuras que pertenecen a la denominada “propiedad industrial”.

El concepto de propiedad industrial está incluido en el ámbito del derecho privado y en particular en el derecho mercantil. A la propiedad industrial corresponden los bienes inmateriales al servicio de la actividad empresarial, como los signos distintivos (las marcas y nombres comerciales) y los signos protectores de invenciones y diseño (las patentes, los modelos de utilidad, las topografías de productos semiconductores, los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios y los diseños industriales). El titular de esta propiedad industrial tiene reconocido por ley un derecho de exclusiva de carácter patrimonial, que le permite explotar estos bienes inmateriales que ha creado.

La Ley de Patentes se dedica a regular el régimen jurídico de las patentes, los modelos de utilidad y los certificados complementarios de protección de medicamentos, si bien dedica la mayor parte de la ley a las primeras.

Son invenciones patentables aquellas que sean nuevas, tengan actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Los modelos de utilidad, por su parte, vienen definidos por la ley como las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2. ¿Cómo está estructurada la Ley de Patentes?

La Ley de Patentes se estructura en dieciséis Títulos, diez Disposiciones Adicionales, seis Disposiciones Transitorias, una disposición derogatoria única y nueve Disposiciones Finales.

Título I. Disposiciones preliminares.
Título II. Patentabilidad.
Título III. Derecho a la patente y designación del inventor.
Título IV. Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.
Título V. Solicitud y procedimiento de concesión.
Título VI. Efectos de la patente y de la solicitud de la patente.
Título VII. Acciones por violación del derecho de patente.
Título VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad.
Título IX. Obligación de explotar y licencias obligatorias.
Título X. Nulidad, revocación y caducidad de la patente.
Título XI. Patentes de interés para la defensa nacional.
Título XII. Jurisdicción y normas procesales.
Título XIV. Aplicación de los convenios internacionales.
Título XV. Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
Título XVI. Tasas y anualidades.

Los dos primeros títulos se dedican a definir y delimitar el concepto de patente y los requisitos de patentabilidad, así como el ámbito de aplicación de la ley. Se establecen, además, una serie de excepciones a la patentabilidad. El Título III, por su parte, define qué es el derecho a la patente y a quién pertenece.

El Título IV está dedicado a aquellas invenciones que se realizan en el marco de una relación laboral o profesional. Así, todas aquellas invenciones realizadas por un empleado o prestador de servicios, durante la vigencia de su contrato, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecerán al empresario.

El Título V describe el proceso de solicitud y el procedimiento de concesión de una patente. Para ello, se divide en varios capítulos que detallan los requisitos de la solicitud, el procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el examen de oficio y el examen sustantivo y su tramitación y resolución. En este título se dedica, además, un capítulo específico para los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios.

En el Título VI se detallan los efectos de la patente y su alcance y en el Título VII, las acciones que su legítimo titular ostenta en defensa de su derecho, si un tercero ha violado su derecho de patente.

El título VIII está reservado a la solicitud de patente como objeto del derecho de propiedad, de manera que se detalla la inscripción registral y se hace referencia a las transferencias, licencias de pleno derecho y gravámenes.

El Título IX establece la obligación de explotar la invención patentada y se detalla el régimen de licencias obligatorias.

El Título X está dedicado a la nulidad, la revocación y la caducidad de una patente.

Mientras que el Título XI está dedicado a las patentes de interés para la defensa nacional, el Título XII detalla la jurisdicción y legitimación para el ejercicio de acciones de defensa del derecho de patente y establece cuáles son las normas procesales como la competencia, la admisibilidad de medidas cautelares o la solución extrajudicial de controversias.

El título XIII es el dedicado exclusivamente a los modelos de utilidad, su solicitud y procedimiento de concesión.

La aplicación de convenios internacionales se detalla en el Título XIV, haciendo referencia al registro de la patente europea, y los dos últimos títulos hacen referencia a la representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y a las tasas y anualidades que hay que pagar.

3. ¿Por qué es importante la Ley de Patentes?

La actual Ley de Patentes supuso una importante modificación de la anterior ley, del año 1986, ya que se hacía necesario actualizar la norma española a los avances que estaban sucediéndose en el ámbito internacional.

En el año 1994 se integró la propiedad industrial, a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el famoso ADPIC), en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, un acuerdo al que España se adhirió en el año 1995.

La actual Ley supuso una adecuación del marco legal a las necesidades actuales, y, sobre todo, una facilidad para obtener títulos sólidos para los innovadores españoles. En este sentido, la Ley de Patentes es importante porque su objetivo principal es fortalecer el sistema de patentes en España, promoviendo la innovación y haciendo posible un proceso de concesión más rápido y eficaz que aumente la seguridad jurídica de las patentes.

Como consecuencia de la nueva ley, se incrementó la exigencia del procedimiento administrativo de concesión de solicitudes, estableciendo la obligación de pasar por un examen previo por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que verifica que se cumplen los requisitos de patentabilidad. Ello hace que se incremente la presunción de validez de las patentes y se pretende reducir la litigiosidad, en particular, de los procesos de nulidad de patente.