Lenguaje claro en Chile: de intenciones particulares a un acuerdo y política pública

Las iniciativas deben partir por un convencimiento personal que lleve a dar pasos institucionales. Así fue como dimos forma a un acuerdo en que las principales instituciones públicas chilenas se compometen a promover el lenguaje claro y con ello ser mejores servidores públicos.

El tema del lenguaje es un área que me apasiona desde siempre. Por ello mis estudios de pre y posgrado. No obstante, mi norte siempre ha sido que la teoría no agote ni tape la vista de la realidad en la que estamos inmersos. Lo anterior me ha llevado siempre a buscar la manera de ayudar a la sociedad, de contribuir y aportar con el conocimiento lingüístico.

Hace años, trabajando en la revisión de estilo de los informes de comisión en el Senado de Chile, me encontraba con frases, párrafos y términos que desde mi inexperiencia en lo jurídico no lograba comprender. Cuando me acercaba a los abogados que elaboraban –según ellos “evacuaban”- esos informes, me señalaban siempre lo mismo: “Pero esto no se puede cambiar, porque es un término jurídico”. Encontrarme con esta frase tantas veces me llevó a estudiar Derecho. No quería ser abogada; quería saber si en realidad esos términos y frases o párrafos extensos se podían hacer más entendibles. Y sí se podía en la mayoría de los casos.

Mi interés, entonces, partió desde esta práctica laboral, y comencé de manera autodidacta a investigar las iniciativas en el lenguaje claro a nivel internacional. Conocí la experiencia de lenguaje ciudadano en México y me di cuenta de que algo debía hacer en este campo.

Como se observa, todo parte por una iniciativa personal. Y así fue hasta hace tres años.

Faltó que pasara el tiempo y en Chile se comenzara a entender que la transparencia no pasa solo por poner en la web los datos de gastos o ingresos o subir más y más documentos de libre acceso, sino que esa información fuera comprensible para los ciudadanos. De lo contrario, era solo una anécdota y nicho para que la prensa usara esa información con cualquier propósito menos con el de informar a las personas.

El Poder Judicial chileno tomó la delantera y partió con una propuesta interna de proyecto de “Simplificación de resoluciones judiciales” que se concretó en una Comisión de Lenguaje permanente en la Corte Suprema. Junto con esto, la materia se propone como tema de la Cumbre Judicial (2015). Esto fue un hito para que otras instituciones vieran como una iniciativa viable preocuparse por que las personas entiendan lo que se comunica.

Así las cosas, se produce un “giro” en las instituciones públicas chilenas. De esta forma, comenzamos a reunirnos un grupo de servidores públicos cuyo interés era y es cómo lograr que los contenidos y documentos de acceso público fueran comprensibles para los ciudadanos. Realizamos cursos, dimos charlas, todo de forma voluntaria. El sueño era crear una red de instituciones públicas que demostraran y trabajaran en pro del derecho a comprender.

Nuestros referentes eran Suecia, México y España, principalmente el estudio de la Modernización del Lenguaje Jurídico (Montolío, 2012) y lo que ello implicó.

Luego de dos años de reunirnos y convencer a nuestras instituciones que el lenguaje claro se necesita para profundizar la democracia, para aumentar la confianza de las personas en sus instituciones, entre otras cosas, llegamos a la firma de un acuerdo en marzo de 2017 que suscribieron seis de las más importantes instituciones públicas de Chile (Corte Suprema, Contraloría General de la República, Cámara de Diputados, Biblioteca del Congreso Nacional, Consejo para la Transparencia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), el que entre sus intenciones señala:

• “Consolidar una Red de Lenguaje Claro (Red-LC) al interior de sus instituciones y promoverla en otros órganos públicos;
• Utilizar lenguaje claro en los documentos y/o iniciativas, escritas o audiovisuales, que emanen de las partes firmantes;
• Promover y difundir el uso del lenguaje comprensible al interior de las entidades firmantes, como en otras instituciones públicas con las cuales se relacionen;
• Elaborar estándares de lenguaje claro y comprensible que sean considerados por los distintos organismos del Estado en la redacción de normas y de documentos públicos”.

A dos meses de la firma del acuerdo, se nos suma el Poder Ejecutivo a través de sus oficinas de transparencia, lo que constituye un segundo hito.

Lo que relato es un camino que ha sido largo y con varios obstáculos, pero con la certeza de que estábamos haciendo algo para las personas y que es parte del ser un servidor público.

Desde Chile observo que España ha retomado el tema del lenguaje claro con el seminario realizado en mayo pasado “Lenguaje claro, reto de la sociedad del siglo XXI” (Fundéu BBVA y la Fundación San Millán de la Cogolla), así como con los aportes de la academia, de organizaciones como Lectura Fácil y otras, y de personas que por iniciativa personal llevan esto en el espíritu, como nosotros en la Red.

Por otro lado, la posibilidad de integrar lenguajejuridico.org como experta abre un nuevo desafío en la búsqueda de servir a la ciudadanía a través de la clarificación del lenguaje jurídico. Sin duda que esta iniciativa posibilita estar conectados desde este lugar del mundo con otros servidores públicos que buscan hacer realidad el derecho a comprender y difundir el lenguaje jurídico como una herramienta democratizadora.

Ahora soñamos con una Red de lenguaje claro que represente a nuestro idioma, y en que avancemos juntos desde este y ese “lado del charco”.

Más detalles aquí:

http://www.probidadytransparencia.gob.cl/2017/06/cpyt-ingresa-a-mesa-de-colaboracion-de-lenguaje-claro/