¿Cómo afectan las diversas lenguas oficiales en España al Derecho?

29/05/2014 por

¿Cómo afectan las diversas lenguas oficiales en España al Derecho?

La Constitución Española vigente establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y junto a ello reconoce que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía (art. 3).

En amparo de esta remisión constitucional los respectivos Estatutos de Autonomía han establecido como lenguas oficiales, además del castellano, el catalán y la lengua occitana (aranés) en Cataluña (art. 6), el vasco (euskera) en el País Vasco (art. 6), el gallego en Galicia (art. 5), el valenciano en la Comunidad Valenciana (art. 6), el catalán en Islas Baleares (art. 4), y el vasco en las zonas vascohablantes de la Comunidad Foral de Navarra (art. 5).

De lo anterior se deriva que el castellano es la lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo el territorio español (la lengua oficial común) y que en el territorio de cada comunidad autónoma es también lengua oficial la de dicha comunidad, y lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en su territorio, lo que incluye a los órganos dependientes o periféricos de la Administración Central del Estado.

 

Comprensión del lenguaje jurídico en un espacio multilingüe

Mapa de lenguas oficiales en España

Mapa de lenguas oficiales en España

Esta coexistencia de lenguas oficiales en España instaura un sistema de cooficialidad de lenguas estructurado conforme a un criterio territorial.  El Tribunal Constitucional español se ha encargado de precisar en sus sentencias (STC 30/1986, de 20 de febreroSTC 83/1986, de 26 de junioSTC 84/1986, de 26 de junio de 1986STC 105/2000, de 13 de abril de 2000 y STC 82/1986, de 26 de junio) y un auto (Auto del TC 383/2003, de 1 de diciembre de 2003) el modo de convivencia de estas lenguas declarando que:

  • El deber constitucional de conocimiento y, con él, la presunción de que todos los españoles lo conocen, se deriva únicamente del castellano, por su condición de lengua oficial común, aspectos éstos que no se predican del resto de lenguas oficiales.
  • Que la oficialidad de cualquiera de las lenguas mencionadas significa que todas ellas son reconocidas por los poderes públicos como medio normal de comunicación entre ellos y los ciudadanos -y viceversa- con plena validez y eficacia jurídicas. Por tanto, los sujetos que sean naturales de comunidades autónomas en las que exista una lengua distinta del castellano, declarada cooficial, tendrán el derecho de comunicarse con los poderes públicos utilizando su propia lengua.
  • La cooficialidad de lenguas en España y sus efectos no rigen respecto de los órganos de la Administración Central del Estado distintos de los dependientes o periféricos radicados en las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, en estos casos, los sujetos que sean naturales de comunidades autónomas en las que exista una lengua, distinta del castellano, declarada cooficial, no podrán exigirle a los funcionarios de la Administración Central del Estado que se comuniquen con ellos en dicha lengua cooficial ni podrán esgrimir el derecho a comunicarse con dicha Administración en aquella lengua.

 

La diversidad lingüística es un rasgo esencial de España y un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección.

Cuando los poderes públicos se comunican con los ciudadanos –sean o no naturales de algunas de las comunidades autónomas antes mencionadas- utilizan el lenguaje juridico.  Es a través de dicho lenguaje como se expresan las leyes, las resoluciones administrativas y judiciales, los instrumentos públicos notariales, los asientos y las certificaciones registrales, entre otros documentos jurídicos.

Por tanto, parece razonable regular la manera como los ciudadanos y los poderes públicos usan las lenguas oficiales en España en sus comunicaciones ordinarias, especialmente en el ámbito de actuación de tales poderes públicos.  Precisamente, en desarrollo de sus estatutos de autonomía, las mencionadas comunidades autónomas con lengua oficial propia han aprobado sus respectivas leyes de normalización lingüística en las que se regula el uso de aquellas lenguas oficiales en los diversos ámbitos de la realidad social: actuación de las distintas administraciones públicas, enseñanza, medios de comunicación, topónimos, documentos y registros públicos, etc.

Hay que recordar que la redacción de documentos jurídicos en más de una lengua no es patrimonio único de España: Canadá, Suiza, Bélgica y la propia Unión Europea presentan también situaciones de plurilingüismo y problemas de interpretación de una legislación multilingüe. Países como Perú, incluso, reconocen cierto poder normativo a sus comunidades campesinas y nativas (donde se habla el quechua, el aimara y otras lenguas amazónicas) cuando les conceden la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, según sus propias costumbres (derecho consuetudinario o de costumbres propias), siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona (art. 149 de la vigente Constitución Política del Perú).

El lenguaje de signos y las lenguas oficiales en España

La lengua de signos permite a las personas sordas establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona que conozca dicha lengua.

La diversidad lingüística es un rasgo esencial de España y, creo yo, una fuerza impulsora del progreso de la sociedad española. Las lenguas oficiales en España se solapan, interactúan y evolucionan en relación las unas con las otras. Todas ellas han contribuido y contribuyen a la evolución de nuestra sociedad. Alguien dijo, con razón, que la historia de la humanidad es una historia de préstamos y de constante fertilización mutua. La Constitución española, en esa orientación, consagra que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección (art. 3).

Hay que recordar además que en España hay ciertas comunidades autónomas que tienen reconocida la competencia para conservar, modificar y desarrollar sus propios derechos civiles forales, lo que genera la coexistencia de una normativa civil de carácter estatal con otra de carácter autonómico. Esta situación – que no es objeto de este comentario – no deja de provocar para los ciudadanos cierta dificultad adicional en la comprensión del Derecho español.

En un próximo y futuro post haré referencia a como las leyes de normalización lingüística inciden en la actividad de los profesionales del derecho y, concretamente, hablaré sobre las normas que rigen el uso de la lenguas oficiales en España en los procesos judiciales y procedimientos administrativos, en la actividad notarial (documentos notariales) y la de los registros públicos estatales y autonómicos.

Gracias por leerme y dejar un comentario.

Ricardo.

Un artículo de Ricardo Oliva León

Creador y director de este portal (@LenguajeJUR). Soy abogado y trabajo en las áreas de Derecho mercantil digital y Derecho procesal digital de mi propia firma @Lexmotive. Doy clases en cursos de postgrado, escribo y hablo sobre las cuestiones jurídicas que plantean internet y las tecnologías emergentes, emprendimiento digital, legaltech, y el lenguaje jurídico. Director y coautor de los libros "La Prueba Electrónica. Validez y eficacia procesal" y "Testamento ¿Digital?". He fundado @JuristasFuturo. Mi cuenta de Twitter es @RicardoOliva_ y mi email es ricardo@lexmotive.com

 


 

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9 Comentarios

  1. Gabriela

    Aunque sea algo que escribiste el año pasado, me llamó la atención el tema y quise comentar. Considero que si existe la convivencia con otras lenguas dentro de un mismo territorio, no se le puede exigir a nadie que hable castellano, mucho menos que se comunique con la administración central en este idioma. Tomando el ejemplo de Canadá, cuando viví en Quebec me di cuenta de que el porcentaje de la población de esa provincia que hablaba inglés era muy bajo. A nadie se le exigía comunicarse en inglés con la administración central, era la propia administración la que estaba capacitada para hablar en francés o en inglés, según lo que el ciudadano escogiera. Creo que éste es el verdadero respeto hacia el plurilingüismo. Sin embargo, reconozco que resulta impráctico y tal vez muy soñador buscar funcionarios que puedan hablar en todas las lenguas cooficiales. Así que, aportando una solución práctica, y desconozco si existe o no, pero creo que la figura de un “traductor jurídico” del castellano a las lenguas cooficiales, y viceversa, es indispensable para la sociedad española.

    • Excelente apunte Gabriela.
      Un país plurilingüe tiene un valioso activo y debe considerarse afortunado, desde mi punto de vista. La manifestación y la expresión de las ideas, los pensamientos y los sentimientos en diferentes lenguas forman parte de la riqueza cultural e intangible de una Nación.
      Ahora bien, ¿cómo facilitar la comunicación entre dos personas que hablan distintos idiomas dentro de un mismo país? La opción de utilizar una lengua común facilita las cosas, lo que sucede con el castellano en España.
      Los funcionarios de las Comunidades Autónomas donde se habla una lengua oficial distinta del castellano (catalán, gallego, euskera…) deberían conocer a la perfección ambas lenguas y comunicarse con el ciudadano de a pie en la lengua que éste utilice cuando se dirige a la Administración Pública.
      Por otro lado, las normas de carácter “estatal” deberían estar traducidas a todas las lenguas oficiales del Estado. Sin embargo, la lengua “común” debería prevalecer frente a las otras en caso de duda en la interpretación.
      Las normas de carácter “autonómico” de aquellas CC.AA. donde se hable una lengua distinta del castellano tambíen deberían estar traducidas en ambas lenguas, pero la regla debería ser contraria: la lengua “local” oficial debería prevalecer frente a la lengua “común” en caso de duda en la interpretación.
      En cuanto a la idea de crear un “traductor jurídico” podemos ir pensando en crear un “app” que contenga un glosario multilíngue de términos jurídicos en castellano, catalán, valenciano, aranés, gallego y vasco. ¿Qué piensas?
      La lengua es un vehículo de unión y de contacto entre los seres humanos, además de un medio de comunicación.

  2. Muy buen artículo, Ricardo. Enhorabuena, sin reservas. Muy bien documentado y argumentado. Solo una mínima observación de mi parte. Este asunto del bilingüismo tal y como aquí lo planteas, no creo que se pueda llevar solo por el lado del lenguaje jurídico (lengua propia del ámbito de la Justicia), sino también, y sobre todo, por el lado del lenguaje administrativo. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de administraciones autonómicas que se comunican con sus ciudadanos. Tan simple como eso. Y del derecho de la ciudadanía a comunicarse con su Administración autonómica en la lengua de su elección, siempre y cuando sea cooficial en ese territorio.
    Un saludo cordial.

    • Javier, agradezco y valoro tus elogios.
      Con respecto a la observación que formulas te respondo. Si distinguimos entre “lenguaje jurídico” (lengua propia del ámbito de la justicia) y “lenguaje administrativo” (lengua de comunicación entre las administraciones públicas y sus ciudadanos) tienes toda la razón.
      Yo parto, en cambio, de un concepto amplio de “lenguaje jurídico” que incluye todo el repertorio de expresiones utilizadas por las instituciones públicas y sus funcionarios cuando tienen que aplicar el Derecho en sus relaciones con los ciudadanos. En esta perspectiva, por tanto, será lenguaje jurídico el utilizado en las leyes, los reglamentos, las resoluciones administrativas, las sentencias judiciales, los instrumentos públicos notariales, los asientos y las certificaciones registrales, entre otros documentos jurídicos.
      Un cordial abrazo.
      Ricardo

  3. Manuel

    Formidable escrito, muy clarificador e informativo. Mi más sincera enhorabuena.

    • Gracias por tus palabras Manuel. Nos animas a seguir firmes en nuestro empeño por poner el Derecho al alcance de todos. Un abrazo. Ricardo

  4. Observer

    “El Gobierno debería OBLIGAR a tramitar todos los documentos oficiales en español (o castellano, para no herir la sensibilidad de muchos), ya que es la lengua oficial de España.”

    Lo respeto pero no estoy de acuerdo contigo Carmen, el plurilingüismo es una de las grandes riquezas en España, hay que tratar todas las lenguas con el mismo orgullo con el que se trata al castellano.

    Siempre y cuando no sea un impedimento para comunicarse, no creo que se tenga que obligar a tramitar todos los documentos en un solo idioma. Siempre puedes pedir que te den la versión en castellano o que te lo traduzcan.

  5. Carmen

    Es cierto que en esta España plural de lenguas nosotros mismos somos los que nos ponemos barreras, no sólo al hablar, si no también en la forma de hablar. Soy de Zaragoza de toda la vida, tengo 75 años y siempre me he considerado Española. He vivido la postguerra cuando era niña y he visto lo más oscuro del ser humano sólo por tener una camisa de un color diferente. Si al nivel de la relación humana ya nos creamos barreras, del resto ¿qué nos vamos a esperar? El Gobierno debería OBLIGAR a tramitar todos los documentos oficiales en español (o castellano, para no herir la sensibilidad de muchos), ya que es la lengua oficial de España.

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